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El decreto ley de construcción sostenible entra en vigor este jueves y las primeras ayudas se podrán pedir desde abril

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El decreto ley del Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía, destinado a facilitar inversiones de ahorro, eficiencia energética, mejora de instalaciones y uso de fuentes renovables en las edificaciones y espacios urbanos de la comunidad autónoma, entrará en vigor este jueves tras ser publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de forma que los incentivos de la primera línea se podrán solicitar desde el 1 de abril.

   Según el decreto ley, publicado en el BOJA, esta norma, además de regular la estrategia de reactivación del sector de la construcción bajo criterios de viabilidad económica y ambiental, incluye medidas a corto plazo como la convocatoria inmediata de incentivos para este fin, con una dotación de 200 millones de euros para 2014 y 2015.

   Esta iniciativa del Gobierno andaluz se lleva a cabo a través de la fórmula del Decreto ley, prevista por el Estatuto de Autonomía para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, de forma que tras ser aprobada por el Consejo de Gobierno, el decreto ley deberá ser convalidado por el Parlamento andaluz.

   Dicho decreto ley contempla que las subvenciones y cantidades percibidas deberán ser reintegradas y devueltas, y se podrán exigir los intereses de demora en el caso de incumplimiento de las empresas colaboradoras, en concreto "el falseamiento en las condiciones para asumir la representación del solicitante, los derechos de cobro del incentivo, o en la documentación justificativa, la obstrucción a las labores de control, y el incumplimiento de obligaciones".

   También se podrá exigir el reintegro de las subvenciones "cuando la empresa beneficiaria, en el plazo de cinco años y sin justificación, deslocalice la actividad fuera de la Comunidad o cese en su actividad productiva, salvo en los casos de insolvencia no fraudulenta". Asimismo, se puede producir la pérdida del derecho al cobro total o parcial del incentivo concedido.

   Asimismo, las empresas colaboradoras, por su actividad, se incluirán preceptivamente dentro de los planes de inspección de la Agencia Tributaria de Andalucía. En el caso de que se detectasen indicios de que la empresa colaboradora promueve o aplica precios superiores a los de mercado, o lleva a cabo conductas colusorias o prohibidas en la normativa de competencia, la Agencia Andaluza de la Energía lo pondrá en conocimiento de la Agencia de Defensa de la Competencia, a los efectos de la imposición de sanciones pecuniarias a la empresa.

   La norma establece un conjunto de medidas para aprovechar a fondo el potencial de ahorro económico y energético del sector de la construcción. Según datos de la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), alrededor de la mitad del parque inmobiliario andaluz, construido antes de la entrada en vigor de las normas de eficiencia energética, es susceptible de obras de renovación que permitirían ahorros superiores al 70 por ciento en los hogares y del 50 por ciento en los edificios del sector terciario. A ello se suma la capacidad de generar empleo de la actividad rehabilitadora, tres veces superior al de la edificación de nueva planta.

   En relación con las iniciativas a corto plazo, el consejero ha explicado que el Programa de Construcción Sostenible establece dos líneas de actuación: un programa de ayudas para proyectos en edificios, con un presupuesto de 150 millones de euros para dos años, y otro para financiar planes empresariales de reconversión de las pymes del sector, con 50 millones.

   A través de la primera línea se incentivarán obras de rehabilitación, reforma y adaptación y renovación de instalaciones para mejorar el ahorro y la eficiencia energética, así como el aprovechamiento de fuentes renovables. Estas ayudas, financiadas con fondos europeos Feder y gestionadas por la Agencia Andaluza de la Energía, estarán vigentes a partir del próximo 1 de abril y beneficiarán a ciudadanos, empresas y otras entidades.

   Con un importe máximo de 200.000 euros por beneficiario, los incentivos tendrán un plazo de resolución de un mes y respaldarán dos tipos de proyectos.

   Por un lado, la adecuación energética de edificios para mejorar su comportamiento térmico y las condiciones de iluminación natural (intervenciones sobre fachadas, cerramientos verticales, cubiertas o suelos, renovación de ventanas, cerramiento de terrazas techadas e incorporación de elementos de aprovechamiento de la luz natural, entre otras).

   En segundo lugar, también podrán acogerse los trabajos de dotación de instalaciones eficientes o de energías renovables en ámbitos como la iluminación, la climatización o los ascensores.

   Las intervenciones de reforma o adecuación, tanto parciales como totales, se realizarán sobre edificios existentes y serán ejecutadas por empresas colaboradoras que se adherirán previamente al programa y se acreditarán como tales ante la AAE. Estas firmas se encargarán directamente de presentar las solicitudes de forma telemática, como un servicio más a los promotores de las obras.

   Las ayudas se concederán en concurrencia no competitiva, es decir, sin comparación entre solicitudes, y se resolverán por orden cronológico de entrada en el registro.

   Con el fin de garantizar la cohesión territorial, el presupuesto se repartirá entre las distintas zonas de la comunidad teniendo en cuenta criterios poblacionales. En el caso de proyectos con presupuesto inferior a 18.000 euros (IVA excluido), la empresa adelantará el incentivo al solicitante, a modo de descuento en la factura, y cobrará una vez ejecutada la totalidad de la obra. Si la intervención supera los 18.000 euros, se realizará un pago parcial de la ayuda previa acreditación de al menos el 50 por ciento de la ejecución.

   Los proyectos que conlleven la realización de una obra requerirán una inversión mínima de 500 euros. La subvención cubrirá entre el 60 por ciento y el 80 por ciento del coste total en función de la tipología y del grado de innovación. Por su parte, las intervenciones que consistan en instalación o renovación de equipos se respaldarán a partir de una inversión mínima de 400 euros, con una cobertura de entre el 40 por ciento y el 90 por ciento del coste total.

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